En el último día de la legislatura, las bancadas del Congreso todavía no alcanzan el consenso de la nueva ley agraria. El debate semipresencial en el hemiciclo se realiza en medio de gran expectativa de los trabajadores agricultores de Ica y La Libertad, regiones en donde se registraron bloqueos a la Panamericana Sur y Norte y protestas a inicios de mes para que se establezca un nuevo régimen laboral agrario.
La exposición del nuevo texto estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa (Acción Popular). El legislador señaló que el dictamen que los trabajadores percibirán el 30% de la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA). Asimismo, por propuesta del Frepap y el Frente Amplio, se excluyó de la iniciativa legislativa a las actividades forestales y agrícolas.
Asimismo, se incluyó el ejercicio de los derechos de negociación colectiva. Esta sección había sido eliminada en el dictamen expuesto anoche. Ello fue observado anoche por la bancada del Partido Morado.
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LAS CRÍTICAS
Una de las primeras críticas vino de la congresista Martha Chávez quien llamó la atención del por qué se incluyó específicamente en la norma a las actividades relacionadas con el cultivo de la palma aceitera.
“¿Por qué se incluye esta actividad y por qué no otras, por ejemplo, la cafetera?”, ironizó Chávez quien sostuvo que el Congreso “no es un mercado” donde se pueden dar condiciones favorables para un sector según el Legislativo considere.
El congresista Daniel Olivares (Partido Morado) se sumó a la observación sobre la inclusión de la actividad de cultivo de la palma aceitera porque no es un sector que requiera una regulación especial, “ni un empujón del Estado”. Igualmente la crítica vino de Carlos Almerí (Podemos).
Fernando Meléndez (APP) defendió la inclusión de ese sector señalando que los trabajadores merecen mejores condiciones laborales “porque existen condiciones de esclavitud”.
Otros congresistas denunciaron que se buscaba beneficiar a un grupo empresarial en específico.
Por otro lado, el congresista Enrique Fernández (Frente Amplio) llamó al nuevo texto, un dictamen Frankenstein. “Han elaborado algo que no tiene sentido. ¿De dónde sale la negociación colectiva si no hay sindicatos? Además, cuando derogamos la ley anterior, es porque ya se habían dado 20 años de exoneraciones tributarias a empresas”, expresó en torno a que el dictamen mantiene exoneraciones tributarias.
Ricardo Burga (Acción Popular) propuso que se debería incluir un beneficio tributario a las micro y pequeñas empresas que reinviertan hasta el 10% del impuesto a la renta.
El congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular) observó que a diferencia de los textos anteriores, el dictamen eliminó a las actividades de acuicultura. “Se debe saber si su eliminación obedece a un criterio técnico o es por algún capricho (del congresista Novoa) o de algún grupo parlamentario en específico”, aseveró.
En tanto, la bancada del Frepap expuso que la bonificación especial BETA debe ser considerada como remunerativa (actualmente se considera “no remunerativa”),
“Esta norma es antitécnica e inconstitucional porque el Congreso no puede legislar los sueldos de un sector”, aseveró Carlos Mesía (Fuerza Popular).
A las 12:37 p.m., Novoa solicitó un cuarto intermedio de una hora de duración para preparar un nuevo texto que incorpore los pedidos de las bancadas.
MINISTRO DE ECONOMÍA PRESENTÓ OBSERVACIONES:
Al igual que el lunes pasado, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, presentó nuevas críticas a la ley agraria que se debate en el Congreso.
“Creer que un fuerte aumento de los salarios en el sector agroexportador es la cura para todos los males de los trabajadores, es un error”, escribió Mendoza.
“¿Qué pasaría si el Congreso votase en favor de una propuesta como esa? Se festejaría por un día, pero ¿qué pasaría al día siguiente? Al día siguiente, se generaría una enorme cola persiguiendo esos puestos de trabajo con un sueldo recontra atractivo”, agregó.
Creer que un fuerte aumento de los salarios en el sector agroexportador es la cura para todos los males de los trabajadores, es un error. El Congreso debe actuar con sensatez, sentido común y realismo ante esta medida que podría causar pérdidas de muchos puestos de trabajo.
— Waldo Mendoza Bellido (@WaldoMendozaB) December 29, 2020
“En el caso de las empresas más pequeñas, el alza de los costos puede obligarlos a cerrar y despedir a los trabajadores. O sea, al final, habrá una cola larga de personas buscando el trabajo ansiado y pocas empresas dispuestas a contratarlos en las nuevas condiciones”, advirtió Mendoza.
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