Después de 25 días de debate, de varios textos sustitutorios y de protestas en el país, el Congreso aprobó la Ley Agraria, que reemplazará a la derogada Ley No. 27360.
En la nueva norma, los trabajadores del sector recibirán una remuneración mínima (RMV) (S/ 930), más un bono de carácter no remunerativo del 30% (S/ 279), sumado el cálculo de las gratificaciones (16.66% de la RMV) y CTS (9.72% de la RMV), es decir, los ingresos diarios se elevarían de S/ 39.2 a S/ 48.5.
Ante este panorama, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, señaló que el Ejecutivo tendrá que aplicarla.
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“Las fechas ya están jugadas. No creo que se pueda ir a un juzgado porque son derechos adquiridos de los trabajadores. Ya se le dio el 30%. Si la observan, el Congreso la aprobará por insistencia y ahí el Ejecutivo la pierde porque no tiene nada que ver con gastos, sino es algo que regula lo privado”, indicó.
En ese mismo sentido, Casas recordó que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio a entender que van aceptar esta norma tras señalar que “es un primer paso” la aprobación por parte del Legislativo.
“Lo que se debe hacer es evaluar cómo va a funcionar. Hay que hablar con las empresas y tener data verdadera. Hay muchos datos dispersos, así que sería ideal ver lo que viene para saber si será malo o no tan malo”, refirió.
Por su parte, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que no se puede normalizar que los acuerdos por sueldo entre privados sean fácilmente decididos por el Estado.
“Es un pésimo precedente. Fuera de la bonificación especial por trabajo agrario (BETA), los principios de contratación preferente son parte de lo mismo”, manifestó.
Explicó que hay puntos de la norma que le parecen razonables, pero que están mal trabajadas.
“Por ejemplo, estoy de acuerdo con elevar progresivamente el Impuesto a la Renta, pero esta distinción por tamaño de empresa va a traer más espacios e incentivos para ineficiencias o trampas. Con todo, quizá lo peor del tema es que sienta el precedente de que si protestas violentamente, se te sube el sueldo por ley”, acotó.
Macera indicó que no presume en decirle al Ejecutivo qué hacer, pero es una ley mala. “Si alguien me preguntase, sugeriría no pasarla como está, pero ojo que hay que tener cuidado con los tiempos tributarios. La norma de Impuesto a la Renta entra en vigencia el primero de enero”, dijo.
Agregó que actualmente la norma está derogada y la nueva ley no está promulgada. Es decir, si no se publica mañana (jueves 31 de diciembre), todas las empresas del sector pasan de pagar 15% de renta a 29.5% durante el 2021, en vez de la escala progresiva que se había considerado.
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