El juez Víctor Zúñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender las actividades políticas de Fuerza Popular (FP), que lidera Keiko Fujimori, al considerar que aplicar esa medida es “desproporcional”.
Uno de los argumentos de Pérez para requerir la suspensión era que FP seguía siendo dirigido por la cúpula que, en las campañas del 2011 y 2016, habrían cometido el delito de lavado de activos al percibir aportes ilícitos de la empresa Odebrecht y otras compañías sin declarar esos ingresos.
Al respecto, Zúñiga sustentó que apartar al partido de las elecciones sería “afectar el derecho de participación política” de los militantes que no son sindicados de pertenecer a la red criminal que encabezaría Fujimori.
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Asimismo, el magistrado determinó que no existe peligro concreto que demuestre que “continúe” instrumentalización de la organización política para fines delictivos.
“(…) a diferencia de un caso de minería ilegal, la suspensión de actividades de la persona jurídica que se habría constituido para ese fin parece una medida proporcional y justificada porque todas sus actividades constituyen la materialización del delito. Sin embargo, no todas las actividades políticas del partido político Fuerza Popular han sido utilizadas para la comisión del presunto delito de lavado de activos”, se lee en la resolución a la que accedió Perú21.
Como tercera conclusión, el juez indica que el partido naranja se debe someter a una “vigilancia judicial” por dos años. “Es una medida que permitiría obtener certeza sobre la transparencia en el manejo de los recursos económicos de la organización política Fuerza Popular”, señala.
El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que FP tendrá que remitirle la situación actual de las deudas que mantiene con las diferentes entidades de prensa, televisiva, radial o de otro tipo; la manera en la que se proyecta ejecutar el pago de todas las deudas pendientes; y una lista de los recursos económicos que se han obtenido para la presente campaña electoral y su fuente.
Esa información deberá ser presentado al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
“Esta medida tendrá una duración de dos años, considerando que el Ministerio Público, al momento de requerir la suspensión de actividades políticas, solicitó una duración de 2 años y 6 meses; sin embargo, a la fecha, ya han transcurrido 6 meses desde esa solicitud”, indica el documento.
De esta manera, Fuerza Popular se mantiene en carrera para las elecciones generales del 2021, comicios que representan el tercer intento de Fujimori Higuchi de llegar a la Presidencia de la República.
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