Ayer, un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en Argentina. Miles de mujeres con pañuelos verdes, símbolo de su resistencia, rodearon el Parlamento para hacerse escuchar. “La maternidad será deseada o no será”, exclamaban. Desde el cielo de Buenos Aires, manifestantes de todas las edades parecían una marea verde indomable. Una tremenda ola desplegada en plena pandemia dispuesta a arrasar con las prohibiciones, los prejuicios y los mitos de quienes criminalizan el aborto.
Los 68 senadores debatieron por 12 horas si debían o no ratificar la interrupción del embarazo que había aprobado la Cámara de Diputados. Lo visto en las calles fue tan espectacular como lo que sucedió en el Senado.
Unos legisladores, como el conservador Dalmacio Mera, se oponían al aborto inducido alegando que de esa manera se avalaba el asesinato de un ser vivo. Otros, por el contrario, defendían la libertad que tiene una mujer para decidir sobre su cuerpo. Era la confrontación esperada.
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Los protagonistas de esa discusión, sin embargo, fueron los parlamentarios que, admitiendo que se habían formado bajo una visión conservadora y religiosa, reconocían la realidad: los abortos existen y seguirán existiendo con o sin ley.
“De ninguna manera debemos imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo y menos hacerlo cuando hemos fallado”, comentó la senadora Gladys Gonzáles.
“¿Creen que es cristiano condenar a las mujeres que interrumpen el embarazo? Yo no lo creo y no quiero hacerlo, no quiero criminalizar a las mujeres (…) a los que se oponen todavía les gana la mirada del castigo y la culpa, y eso solo trae dolor y muerte”, alegó.
La legisladora Silvina García Larraburu fue otra de las que sorprendió. Dos años antes, su voto fue uno de los que sirvieron al Senado para negar la legalización del aborto. Pero ayer García cambió de parecer.
“En este contexto, comprendí que más allá de mis creencias estamos ante un tema que requiere un abordaje de la salud pública (…) solo las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo.
El reloj marcaba las 4:12 de la madrugada en Argentina cuando la tabla de conteo de votos mostró el resultado: 38 senadores aprobaron el aborto inducido hasta la semana 14 de gestación, imponiéndose a los 29 que votaron en contra. Solo uno se abstuvo.
“Esto es historia, es un derecho ganado”, manifestaba a la prensa una joven bonaerense entre lágrimas. La marea verde triunfó en Argentina, que se convirtió en el tercer Estado de Sudamérica en despenalizar esta práctica. Los otros son Uruguay y la Guyana Francesa.
Debate llega a Perú
En el Perú, el aborto está penalizado en todas sus formas salvo en el terapéutico. Es decir, solo cuando es la única manera de mantener con vida a la madre gestante ante un peligro inminente.
De acuerdo al artículo 115 del Código Penal, el aborto consentido se castiga con una pena no mayor de dos años de cárcel.
Cuando se trata de un autoaborto, el artículo 114 condena con una pena de no más de dos años de prisión.
El artículo 120 estipula una pena no mayor de tres meses cuando el aborto se produzca por una violación fuera del matrimonio siempre y cuando el hecho haya sido denunciado “cuando menos policialmente”. En todos los casos a la mujer se le imputa responsabilidad.
El congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, indicó que en el Perú impera “una noción machista y anacrónica de controlar la decisión de las mujeres”.
“La discusión no debe ser sobre si las mujeres deben abortar o no, porque los abortos siembre han existido. El debate es qué debe hacer el Estado para resguardar la salud de las mujeres”, expresó a Perú21.
En su opinión, “existe mucha hipocresía” entre los políticos que se oponen a la interrupción del embarazo porque también impiden la educación sexual y la distribución de anticonceptivos en los centros de salud.
Para la directora ejecutiva de la Clínica Inppares, Irma Ramos, una mujer no estará expuesta a riesgos de muerte cuando sea tratada “en condiciones seguras”.
“El embarazo debe estar protegido por el Estado así la mujer desee o no continuar con la gestación”, explicó a este diario. Ramos enfatizó, además, en que el Estado debe educar en asuntos sexuales para que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
Según Promsex, en 2018, 19% de peruanas entre 19 y 48 años se sometieron a un aborto. No son cifras, es una realidad.
Tenga en cuenta
-La penalista Romy Chang sostuvo que las normas sobre el aborto que estipula el Código Penal (CP) son “retrógradas”.
-”El art. 120 del CP atenta contra el principio de igualdad, no es coherente; si lo que quieres es proteger al concebido, se debe proteger a todos los bebés, no solo a quienes nacen en un matrimonio. Es una distinción abusiva e inhumana”, dijo a Perú21.
-La excongresista Fabiola Morales se opuso a que en el Perú se apruebe algo similar: “Perú es un ejemplo de defensa de la vida”.